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CAUSA SOBREPRECIOS: RECHAZARON PLANTEO DE ROSSI PARA APARTAR AL PROCURADOR Y AL FISCAL

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La Cámara de Casación Penal de Paraná, con el voto del vocal Hugo Perotti, rechazó un recurso del exgobernador e intendente electo de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, por el cual pretendió apartar al Procurador General Jorge Amílcar García y al fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, que lo investigó en la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 20 cuadras realizada con fondos del plan nacional “Más Cerca”.

En esta investigación, que tiene pedido de elevación a juicio desde el 12 de junio, el dirigente recusó al jefe de Fiscales y al fiscal bajo los argumentos de que ambos no tienen objetividad y que tendrían cierta «animadversión» hacia su persona. En el caso del primero, recordó que integró el Tribunal que lo condenó en 2006 por el delito de enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la pretensión de apartar a ambos funcionarios judiciales obtuvo fallos adversos. El último fue emitido el 25 de octubre y lo firmó el juez Perotti, uno de los tres integrantes de la Cámara de Casación Penal.

El planteo de recusación de Rossi comenzó en los Tribunales de La Paz. El primer planteo lo formuló ante el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo y éste indicó que el recurso debía presentarse en el Ministerio Público Fiscal, ya que según la Ley Nº 10.407, orgánica de la Procuración, es quien debe definir el apartamiento de fiscales.

Rossi fue hasta la Procuración y obtuvo otro rechazo. El 9 de agosto, la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrucpión, Cecilia Goyeneche, desestimó el pedido por extemporáneo y por carecer de “fundamentos serios”.

El dirigente imputado volvió a presentar el planteo ante el juez Carballo, quien no hizo lugar a la recusación. Esa nueva decisión fue apelada por el abogado del intendente electo, Carlos Reggiardo.

El asunto quedó en manos del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gervasio Labriola, quien a mediados de septiembre, declaró inadmisible el recurso de apelación.

La defensa de Rossi volvió a apelar. Esta vez fue ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti. A esa presentación la acompañó con un pedido de apartamiento de las dos primeras juezas.

“Recusé a Badano, por su relación sentimental con García; y a Davite, por su relación de amistad con el Procurador, y porque además, le ha nombrado a la hija en el Ministerio Público Fiscal”, dijo Reggiardo en una entrevista en Radio Costa Paraná 88.1.

Finalmente, el planteo original de recusación al Procurador García y el fiscal Alfieri tuvo una nueva resolución: el rechazo.

Así lo determinó el pasado 25 de octubre el juez Perotti, quien señaló que el camarista Labriola había dispuesto “acertadamente” que la apelación al fallo de Carballo había sido mal concedido, en virtud de los artículos 46, 48 y 60 del Código Procesal Penal de Entre Ríos que declaran la irrecurribilidad de la resolución que rechaza una recusación.

“Cabe destacar que el recurrente no ha cuestionado la validez constitucional de la norma procesal invocada; y al respecto la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ha sido contundente al expresar que: ‘… el sistema de recusación adoptado por el Código Procesal de la Provincia (delineado en el Título III Capítulo III) no prevé que contra la decisión adoptada se pueda interponer Recurso alguno”, dijo el juez.

“Así la cosas, -sostuvo Perotti- teniendo en cuenta que la validez constitucional de dicha norma no fue puesta en duda por el recurrente y conserva plena eficacia, entiendo que la misma perjudica irremediablemente la pretensión revisora que se intenta en estos autos».

Finalmente, Perotti explicó que el rechazo fue dispuesto por presidencia, es decir con su sola firma, “atento la notoria improcedencia del recurso intentado y el celo con el que debe interpretarse el sistema recursivo en un sistema acusatorio”. En ese sentido, recordó que “esta modalidad ha sido utilizada por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ante planteos manifiestamente improcedentes”.

Reggiardo quiere llegar a la Sala Penal

Una de las posibilidades de la defensa de Rossi es volver a recurrir la resolución del juez Perotti. Esa posibilidad fue adelantada en septiembre por el propio Reggiardo, defensor del dirigente.

En una entrevista radial, aseguró que espera que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dirima cuál jurisprudencia corresponde en materia de recusación de fiscales: si la de la costa del Paraná, que hace valer la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y que por lo tanto es el Procurador General quien resuelve sobre los pedidos de apartamientos de sus fiscales; o la de la costa del Uruguay, que fijó que ese tema lo resuelven los jueces y no el jefe de los fiscales.

En la costa del Uruguay existe un antecedente en una causa que se le lleva al intendente de Concordia, Enrique Cresto, que logró que un juez de Garantías aparte al fiscal que lo investigaba. La decisión la tomó el juez Darío Mautone y el fiscal recusado fue José Arias.

La causa

La causa contra Rossi se inició en 2016. El denunciante es su concuñado, el intendente de Santa Elena Silvio Moreyra, con la representación del abogado Guillermo Mulet.

Según la acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de  20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado sería $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional “Más Cerca”.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras cinco personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca). Uno de los imputados, el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría el proceso de investigación.

 

Fuente: Entre Ríos Ahora